La imagen y reputación de España en peligro
“El Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mejorar la reputación de España”. Así se pronunció Mariano Rajoy hace una semana, acuciado por la última rebaja de calificación de Standard & Poor’s. Ante la erosión producida por la crisis, el fortalecimiento de la marca país se ha convertido, al menos aparentemente, en una prioridad política. Sin embargo, a la economía se han sumado la corrupción y la inseguridad jurídica como nuevas amenazas para la imagen internacional de España.
Los procesos judiciales contra Iñaki Urdangarín, Francisco Camps y Jaume Matas, junto a casos como Gürtel o la operación Campeón, cuyo protagonista, el ex ministro José Blanco, ha sido citado a declarar el próximo jueves, han recuperado la estampa de un país mediterráneo contaminado por la corrupción en todos sus estratos, desde los ayuntamientos a la Familia Real. Asimismo, el impacto del juicio a Baltasar Garzón ha sembrado dudas sobre la calidad del sistema judicial, ya sea por no haber detectado a tiempo su conducta prevaricadora, o, en caso de ser inocente, por haber puesto en peligro la independencia de un magistrado.
Y es que, medios como The Economist, Financial Times, Washington Post, CNN, The Boston Globe o The Guardian se han hecho eco de estos casos, desgastando uno de los pilares del prestigio de España. Tal vez por ello, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se aventuró esta semana a proponer que los gestores públicos afronten “responsabilidades penales”, si no garantizan el equilibrio presupuestario. “Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que se vuelven impagables”, afirmó. Por su parte, el PP ultima un cambio en sus estatutos para obligar a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución a la que pertenezca.
Pero no basta la amenaza «a posteriori», es necesario establecer controles para que NO sea posible incluir en presupuestos estatales, autonómicos o municipales dislates como los reseñados en la lista bastante exhaustiva de disparatadas obras públicas realizadas en éste país, muchas de ellas seguramente amparadas por «planes E» impulsados por políticos iluminados de diferentes partidos, que me llegó por internet y que ya he comentado en anteriores entradas. Los casos son:
6 aeropuertos de ámbito provincial: Lérida 42M€; Castellón 150M€+estatua del presidente de la diputación 300.000€; León 29M€; Pamplona, modernizado por 44M€, en el que se producen 200 cancelaciones al año por niebla; Badajoz remodelado por 20 M€+subvención anual de 10M€ actualmente cancelada y Ciudad Real 204M€, que se llevaron por delante a la Caja de Castilla La Mancha.
2 estaciones de AVE: la de Cuenca 20M€ y la de Requena-Utiel 12,4M€, para 40 pasajeros al día.
2 tranvías: Jaen 74,8M€ y Zaragoza 400M€ (sin olvidar el famoso de Parla cuya inversión no me consta).
El Palacio de Congresos de Oviedo 142,55M€; la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela 400M€; las setas de la Encarnación de Sevilla 123M€; Cúpula del Milenio de Valladolid 16M€; Ciudad del circo de Alcorcón 120M€, que han dejado las arcas municipales exhaustas, a pesar de estar completada solo al 69% con un sobrecoste del 40%; Madrid:
La caja mágica 300M€ y la Peineta 305M€; el techo de colorines de Barceló en la sede de Ginebra de la ONU 20M€; estación de Santa Rosa de la línea 9 del metro de Barcelona 31,7M€ (el presupuesto de toda la línea, la más «sostenible» de Europa, es 16.000M€); Torre del Agua (EXPO Zaragoza) 43M€; Museo de Pablo Serrano (El «Mazinger») 18,7M€; Palacio de Congresos de Huesca 30M€; puerto deportivo de Laredo 90 M€ (se deben 44 y no se ha usado nunca) y mención especial, el hospital universitario central de Asturias 1700M€, que Cascos ha prometido bajar a 1300 y que el PSOE ha inaugurado cinco veces.
Si he sumado bien, son 4.326,15M€, mas del 25% de la cantidad que hubiera sido necesario ahorrar de haber alcanzado el objetivo del 6% del déficit.